Los refrescos, los dulces y las bebidas energéticas se convirtieron en un inesperado campo de batalla legal. En junio, una jueza federal anuló las restricciones estatales del SNAP en los cinco estados donde los beneficiarios las habían impugnado. Ahora, la industria de las tiendas de conveniencia quiere que Washington complete la tarea. Sus principales gremios instan al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a levantar las restricciones en todo el país. Su petición se mantiene hasta que el Congreso decida lo contrario.
Lo que está en juego va mucho más allá de un solo estado. Al menos 23 estados obtuvieron la aprobación del USDA para excluir ciertos alimentos y bebidas del SNAP. En conjunto, esas medidas abarcan a unos 13.5 millones de participantes. Para supermercados y tiendas de conveniencia, cada nueva regla implica costos adicionales, mayores riesgos y confusión en las cajas registradoras.
El 15 de octubre, la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (NACS), NATSO y SIGMA presentaron sus argumentos en un comentario público. NATSO representa a los centros de viaje y a las paradas de camiones. SIGMA, por su parte, agrupa a comercializadores de combustible. Las organizaciones dirigieron su carta a la Administración de Alimentos y Nutrición (FNA) del USDA, que anteriormente operaba como el Servicio de Alimentos y Nutrición.
Aunque el documento se centra en la exención de Florida, sus argumentos tienen alcance nacional. Según los gremios, el USDA carece de la autoridad legal para aprobar estos proyectos. Además, las normas imponen a las tiendas pequeñas exigencias de cumplimiento costosas y confusas.
Por qué el SNAP importa a los minoristas de alimentos
Tanto para supermercados como para tiendas de conveniencia, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) representa una fuente vital de ventas. En el año fiscal 2025, el programa atendió, en promedio, a 42.4 millones de personas al mes. Los beneficios sumaron cerca de $95,800 millones.
Las tiendas de conveniencia, en particular, concentran una parte importante de ese negocio. Las tres asociaciones representan a más de 150,000 tiendas en todo el país, y más de 117,000 aceptan el SNAP. Con base en datos del USDA, la coalición afirmó que esos establecimientos representan el 44% de todos los comercios autorizados. Ningún otro formato alcanza esa proporción.
Además, estas tiendas suelen ser la única opción de alimentos a la que muchas personas llegan a pie. En numerosos vecindarios, también son el único comercio abierto después de un turno nocturno o antes de uno muy temprano, señalaron los gremios.
Las restricciones estatales del SNAP en Florida enfrentan una prueba legal
La exención de Florida prohíbe usar el SNAP para comprar refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados. El USDA aprobó la solicitud del estado en agosto de 2025. Luego, Florida trasladó su fecha de inicio al 20 de abril de 2026. El proyecto abarca a todos los beneficiarios del estado, y ningún hogar puede excluirse.
El núcleo del argumento de la industria se basa en el fallo federal del 22 de junio. En el caso Aragon v. Rollins, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia anuló las aprobaciones del USDA de exenciones similares. Esa decisión alcanzó a Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y Virginia Occidental. Según la corte, el Congreso definió “alimento” en la ley y nunca otorgó a la agencia el poder de eliminar categorías completas del programa.
Sin embargo, el fallo solo abarcó los cinco estados incluidos en la demanda. Por eso, el proyecto de Florida sigue en marcha, y la FNA abrió un periodo de comentarios públicos este otoño. Las asociaciones sostienen que el plan de Florida arrastra los mismos “defectos fatales”. También recuerdan que, antes de 2025, gobiernos demócratas y republicanos rechazaron todas las solicitudes estatales para restringir las compras con SNAP.
Por su parte, el USDA presenta las exenciones como una forma de dirigir el dinero de los contribuyentes hacia opciones nutritivas y de mejorar la salud. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, criticó públicamente el fallo de junio. Mientras tanto, los observadores anticipan una apelación del USDA.
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Un laberinto de cumplimiento para las tiendas pequeñas
Más allá de las dudas legales, las restricciones estatales del SNAP plantean un rompecabezas operativo diario, según la coalición. En el mercado circulan más de 650,000 productos de alimentos y bebidas. Además, cada año llegan miles de artículos nuevos. Aun así, la mayoría de los estados no ha proporcionado a los minoristas una lista completa de productos restringidos.
Las definiciones también varían mucho de un estado a otro. En Idaho, por ejemplo, una barra de KitKat califica para el SNAP porque contiene harina. En cambio, una barra de granola sin harina puede considerarse un dulce. De forma similar, Kansas restringe las bebidas con endulzantes naturales o artificiales. Nebraska, a su vez, se basa en la carbonatación, y Missouri fija un límite de 10 gramos de azúcar.
En consecuencia, los operadores con presencia en varios estados deben cumplir con distintos reglamentos. Sin embargo, la mayoría no configura sus sistemas de punto de venta (POS) por estado. Las bebidas de máquina dispensadora añaden otra complicación. Como las cajas suelen registrar solo el tamaño del vaso, algunas tiendas ahora revisan lo que sirve cada cliente. Otras dejaron de aceptar el SNAP para estas bebidas.
Una factura multimillonaria y la regla de dos faltas
Los riesgos financieros son altos. Los gremios citan un estudio de 2025 de Timothy J. Richards, difundido por las asociaciones de minoristas del SNAP. Según el análisis, los costos iniciales de cumplimiento rondarían los $1,600 millones en todos los canales. Solo las tiendas de conveniencia asumirían cerca de $1,000 millones. Además, los gastos continuos podrían alcanzar unos $759.1 millones al año. De esa cifra, $378.6 millones recaerían en las tiendas de conveniencia.
La fiscalización añade presión. Un memorando del USDA del 30 de diciembre de 2025 establece que una primera infracción da lugar a una carta de advertencia. Una segunda conduce al retiro involuntario del SNAP. Según la coalición, esa política no distingue entre errores de buena fe y violaciones intencionales. Asimismo, los gremios sostienen que el periodo de gracia de 90 días no es suficiente para actualizar los sistemas POS.
Los empleados de primera línea también cargan con la tensión. Los cajeros deben detectar los productos que el sistema no identifica. Después, deben informar a los clientes que su compra ya no califica. Esa tarea, advierten las asociaciones, genera momentos de tensión cuando la seguridad del personal ya preocupa al sector.
Por último, la coalición sostiene que el USDA ignoró la Ley de Flexibilidad Regulatoria. A su juicio, la agencia omitió cualquier análisis del impacto de la exención sobre las pequeñas empresas.
Industria y defensores enfrentan recortes más amplios al SNAP
El debate en Florida se da en medio de una presión más amplia sobre el programa. La ley One Big Beautiful Bill Act recortó cerca de $186,000 millones del SNAP en 10 años, según la National Grocers Association. A nivel nacional, la inscripción cayó en casi 4.3 millones de personas entre enero de 2025 y enero de 2026. WTTW reportó esa cifra con base en datos del USDA.
Los supermercados ya sienten los efectos. Supermarket News informó que siete tiendas de Save A Lot en Chicago cerraron en julio, principalmente debido a los recortes en el SNAP. Abasto Media también ha cubierto los nuevos estándares de inventario del USDA que los minoristas del SNAP deben cumplir a partir de este otoño.
Mientras tanto, el canal de conveniencia lleva meses defendiendo su postura. Tras el fallo Aragon, Margaret Mannion, directora de relaciones gubernamentales de NACS, afirmó que las exenciones no hacen al SNAP más eficiente, sino más confuso.
Los defensores de la lucha contra el hambre comparten muchas de esas preocupaciones. El Food Research & Action Center (FRAC) advirtió que las exenciones amenazan con alterar la red de minoristas de la que dependen los hogares del SNAP. Del mismo modo, Bread for the World señaló que estas políticas podrían generar vergüenza y pérdida de dignidad entre familias con dificultades.
El camino por delante para los minoristas
De cara al futuro, la coalición pide al USDA que exija evidencia más sólida antes de otorgar cualquier exención. En concreto, solicita que los estados midan resultados de salud, no solo datos de compras. Entre ellos figuran la glucosa en sangre, el peso corporal y el uso de medicamentos GLP-1. Los gremios también quieren que los estados evalúen los costos para los minoristas y las salidas de tiendas del SNAP.
En última instancia, las asociaciones instan al USDA a detener las restricciones estatales del SNAP hasta que el Congreso otorgue una autorización clara. A medida que las exenciones se extienden por el país, el desenlace en Florida podría definir los próximos pasos de los supermercados y las tiendas de conveniencia.