La National Grocers Association (NGA) pidió a la Comisión Federal de Comercio (FTC) que separe los precios de vigilancia de los descuentos cotidianos que reducen el saldo de la cuenta del supermercado. El gremio que representa a los supermercados independientes presentó sus comentarios el 25 de septiembre a la propuesta de la agencia relativa a la política de cumplimiento sobre los precios personalizados.
En la carta de seis páginas, la NGA afirma que los supermercados independientes no usan los datos personales de los compradores para calcular cuánto pagarían y luego cobrarles más. Por el contrario, el precio del estante funciona como un tope. Cada descuento reduce el precio a partir de ahí.
“Los supermercados independientes no usan datos personales para cobrar más a los compradores por el mismo artículo. Los programas de lealtad, los cupones y los descuentos son herramientas que devuelven dinero al bolsillo de los consumidores”, dijo Stephanie Johnson, vicepresidenta sénior y directora de asuntos gubernamentales de la NGA, en un comunicado.
Qué propuso la FTC
La FTC anunció su borrador el 19 de agosto tras una votación de 2-0. La agencia define los precios personalizados como el uso de datos personales para fijar precios en función de lo que una empresa estima que cada consumidor gastará.
En ese momento, el presidente de la FTC, Andrew Ferguson, dijo que la comisión carece de autoridad legal para prohibir la práctica en todas las circunstancias. Sin embargo, advirtió que las empresas que no informen a los consumidores sobre cómo sus datos personales influyen en los precios podrían violar la Ley de la FTC. Más tarde, la agencia extendió el plazo para comentarios por una semana, hasta el 25 de septiembre.
Mientras tanto, los estados han avanzado más rápidamente en materia de precios de vigilancia. Maryland y Connecticut promulgaron restricciones a principios de este año. Luego, en julio, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó la Ley de Protección de Precios Justos. La medida prohíbe la práctica en los alimentos. También incluye una moratoria de un año para la instalación de nuevas etiquetas electrónicas de estantería, según informó Abasto Media.
Por qué las normas sobre precios de vigilancia preocupan a los independientes
El argumento de la NGA contra una definición amplia de los precios de vigilancia se centra en la dirección del precio. Un cupón para el cereal que una clienta compra cada semana le reduce el precio, según la carta. Quien no tiene ese cupón paga el precio del estante. En cambio, los precios personalizados utilizan datos personales para fijar un precio hasta el máximo que un comprador específico pagaría.
Por lo tanto, la asociación advierte que una definición imprecisa podría abarcar programas de lealtad, ofertas dirigidas, cupones digitales, rebajas y etiquetas electrónicas de estantería. Las expectativas de divulgación del borrador generan especial inquietud. Exigir un aviso sobre datos en cada cupón digital confundiría a los compradores, sostiene la NGA. Además, la incertidumbre legal podría llevar a los supermercados a reducir programas que ahorran dinero a las familias.
Hay mucho en juego para los pequeños operadores. Cerca de la mitad de los miembros de la NGA opera una sola tienda. Además, los márgenes de ganancia neta oscilan entre 1% y 2%, según la carta.
“En un momento en que las familias están enfocadas en el costo de los alimentos, queremos asegurarnos de que estos esfuerzos no desalienten, involuntariamente, el uso de las mismas herramientas que ayudan a reducir sus cuentas del supermercado”, señaló Johnson.
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Etiquetas electrónicas y rebajas
La NGA también defiende las etiquetas electrónicas de estantería como una tecnología de protección al consumidor. Las etiquetas muestran el mismo precio para todas las personas en el pasillo, afirma el grupo. Sus miembros las usan para mostrar precios, no para fijarlos. Además, facilitan las pequeñas rebajas en productos perecederos, lo que reduce el desperdicio de alimentos.
La carta critica la moratoria de Nueva Jersey porque trata una tecnología de exhibición como si se tratara de una estrategia de precios. Asimismo, pide a la FTC que confirme que los programas de incentivos nutricionales y de prescripción de frutas y verduras quedan fuera de la definición. Con frecuencia, esos programas basan la elegibilidad en los ingresos o en el estado de salud.
No todos están de acuerdo. El sindicato United Food and Commercial Workers International Union (UFCW) quiere una prohibición total de los precios de vigilancia y de las tecnologías que, a su juicio, los facilitan, incluidas las etiquetas electrónicas. En un comunicado del 20 de agosto, Ademola Oyefeso, vicepresidente internacional del UFCW, argumentó que la divulgación por sí sola no protegerá a los compradores.
Quién fija el precio en línea
Por último, la NGA quiere que la responsabilidad recaiga en quien fija el precio. Las plataformas de entrega de terceros suelen controlar los precios y cargos que ve el consumidor en productos con el nombre de un supermercado, señala la asociación. En algunos acuerdos, las plataformas no informan al supermercado qué precios aplican. Por ello, la NGA sostiene que cualquier obligación de divulgación debe recaer en la plataforma.
Las cinco peticiones de la NGA a la FTC
La carta concluye con cinco recomendaciones:
- Enumerar las prácticas que no constituyen precios personalizados, entre ellas los programas de lealtad voluntarios, los cupones, las circulares semanales, las rebajas de perecederos y las etiquetas electrónicas.
- Definir los precios personalizados según la dirección y el propósito.
- Mantener una divulgación práctica: los términos publicados del programa y el aviso de privacidad deben ser suficientes.
- Asignar las obligaciones de divulgación a quien fija el precio.
- Atacar la conducta dañina, no las herramientas que mantienen los alimentos asequibles.
Qué sigue
El plazo para comentarios cerró el 25 de septiembre y la declaración sigue siendo una propuesta. La redacción final definirá cómo la agencia trata las aplicaciones de lealtad y los programas de cupones digitales. Para los independientes, la carta de la NGA envía un mensaje: los descuentos no pertenecen al debate sobre los precios de vigilancia.