El America First Policy Institute (AFPI) presentó una demanda en representación de los supermercados independientes R&E Corporation, City Fresh Supermarket y la National Supermarket Association (NSA) contra la Ciudad de Nueva York por la política del alcalde Zohran Mamdani denominada “N.Y.C. Groceries: A Recipe for Affordability”, que propone establecer tiendas municipales financiadas con fondos públicos y operadas por entidades privadas, una en cada condado de la ciudad.
Según esta política, una “Canasta Básica” (“Core Basket”) de productos de consumo cotidiano se vendería a precios que, en promedio, estarían un 30 % por debajo de los precios minoristas. La Ciudad cubriría los costos de alquiler e impuestos sobre la propiedad, proporcionaría $70 millones en fondos de capital para las cinco localidades y realizaría pagos continuos financiados por los contribuyentes, denominados “Affordability Payments”, para cubrir pérdidas operacionales.
Dos de las localidades anunciadas estarían a poca distancia de supermercados independientes involucrados en este caso. A&E Corporation opera en su establecimiento del Bronx desde 1984 y se encuentra a menos de media milla de la localidad anunciada en Hunts Point. City Fresh Supermarket lleva 15 años operando y se encuentra a menos de cinco minutos caminando de la localidad propuesta en La Marqueta.
Ventaja competitiva injusta
Los demandantes argumentan que el plan de la Ciudad crea una ventaja competitiva con la que los supermercados independientes no pueden competir en igualdad de condiciones. Los comerciantes independientes deben asumir sus propios costos de alquiler, impuestos, nómina de empleados, inventario y demás gastos operacionales, mientras que los establecimientos respaldados por la Ciudad recibirían fondos públicos para cubrir esos mismos gastos.
Para poder competir, los supermercados independientes podrían intentar reducir sus precios. Sin embargo, debido a que el descuento del 30 % de las tiendas municipales se calcularía tomando como referencia los precios minoristas de sus competidores, los demandantes sostienen que estos establecimientos siempre podrían ofrecer precios inferiores a los de los supermercados independientes.
“Este caso busca reafirmar que la Ciudad de Nueva York no puede utilizar descuentos subsidiados con fondos públicos para competir injustamente contra negocios establecidos desde hace muchos años y llevarlos al cierre”, declaró Richard Lawson, vicepresidente de Litigios del America First Policy Institute, durante una conferencia de prensa celebrada el miércoles en Harlem.
Con el plazo de la solicitud de propuestas (RFP) de la Ciudad programado para cerrar el 16 de octubre, los supermercados independientes enfrentan, según la demanda, una difícil decisión: presentar una propuesta para participar y potencialmente formar parte de un programa que podría violar las leyes antimonopolio, o no participar y correr el riesgo de quedar en desventaja mientras la Ciudad establece un competidor respaldado por fondos públicos.
Anthony Peña, presidente de la National Supermarket Association, declaró: “La competencia es parte de nuestro negocio, pero competir entre nosotros es muy diferente a competir contra el gobierno de la Ciudad. No se puede hablar de igualdad de condiciones cuando un supermercado tiene que sobrevivir con lo que genera, mientras que otros son establecidos y respaldados con el dinero de los contribuyentes.”
Jerry Núñez, gerente de City Fresh Supermarket en Harlem, dijo: “Llevamos 15 años operando City Fresh. Cincuenta personas tienen empleo gracias a lo que con mucho esfuerzo hemos construido en esta comunidad. Esto no se trata solamente de un supermercado. Si mi establecimiento no puede sobrevivir a la competencia de las tiendas municipales respaldadas por la Ciudad, perdemos una parte de nuestra comunidad.”
Los demandantes argumentan que el descuento obligatorio del 30 %, financiado mediante la eliminación de costos de ocupación y los “Affordability Payments” respaldados por fondos públicos, constituye una práctica de precios predatorios, otorgando a las tiendas municipales una ventaja competitiva que, según alegan, los supermercados independientes no pueden igualar.
Los demandantes solicitan al tribunal que extienda el plazo de la RFP del 16 de octubre hasta 30 días después de que el tribunal emita una decisión sobre las dos primeras reclamaciones relacionadas con las leyes antimonopolio.
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LO QUE PIDEN AL TRIBUNAL EN ESTE MOMENTO
Emitir una medida cautelar que ordene a los demandados posponer la fecha límite de la RFP del 16 de octubre de 2026 a un plazo de 30 días posteriores al fallo sobre el fondo de las Demandas I y II; eximir de la fianza de garantía habitual; y mantener el estado actual, para que nadie tenga que licitar en una posible conspiración delictiva solo para conservar su lugar en la mesa.
Este caso no es un debate sobre si la comida es demasiado cara. Tampoco es un reclamo de que las ciudades nunca puedan poseer propiedades o subsidiar el acceso a los alimentos, ni una solicitud para que el tribunal diseñe un mejor programa de supermercados. Es una demanda que sostiene que un descuento permanente del 30% financiado con impuestos y vinculado a los precios de los competidores constituye el tipo de “competencia ruinosa” que la Ley Sherman ha condenado durante más de un siglo—ya sea que el fondo provenga de una reserva de 4 millones de dólares de un fideicomiso tabacalero o de la base gravable de una ciudad.