Seattle se convirtió en la primera ciudad en frenar los precios de vigilancia (surveillance pricing) en los supermercados. La alcaldesa Katie B. Wilson y la concejal de la ciudad Alexis Mercedes Rinck dieron el primer paso público para proteger la privacidad de las personas y garantizar que los precios de los comestibles sean justos, transparentes y accesibles.
Ayer, 23 de septiembre, con el coauspicio de los concejales Dionne Foster y Rob Saka, el pleno del Concejo aprobó la política de Precios Justos y Transparentes (Fair and Transparent Pricing), una medida de protección al consumidor liderada por una ciudad y pionera en el país, diseñada para impedir que los supermercados utilicen datos personales para fijar precios diferentes a distintos clientes.
“Los alimentos son un bien esencial que cada día es más costoso”, señaló la alcaldesa Katie Wilson. “La gente ha sido clara: no quiere que sus datos sean alimentados en algoritmos que deciden cuánto pagan en el supermercado. Todos merecen precios transparentes y un trato igualitario, no sistemas ocultos que cobran a algunos compradores más que a otros”.
“Los comestibles se están encareciendo para los habitantes de Seattle, mientras que la compra, venta y el aprovechamiento de nuestra información privada para manipular precios generan millones en ganancias para las grandes corporaciones nacionales de supermercados”, indicó la concejal Alexis Mercedes Rinck. “Esta legislación busca poner algunos límites a lo que las grandes empresas pueden hacer con nuestra información personal. En un momento en que las reducciones del programa SNAP han sacudido a nuestra comunidad y la gente tiene menos dinero para gastar en comida, este es un paso importante que podemos dar para prevenir la especulación de precios asistida por IA y garantizar descuentos justos para todos”.
La política, desarrollada a través de meses de colaboración con socios laborales, actores de la industria y defensores de la comunidad, marca un paso importante hacia hacer que los productos básicos sean más accesibles y asegurar que las prácticas de precios sean justas, abiertas y consistentes.
“La votación de hoy demuestra el inmenso poder de los trabajadores unidos con las comunidades a las que servimos”, afirmó Sean Embly, secretario tesorero de UFCW 3000. “Cuando trabajamos juntos, podemos proteger nuestras tiendas del vecindario de prácticas depredadoras que anteponen las ganancias a las personas. Esperamos que la aprobación de esta legislación nos ayude a todos a volver a la labor de alimentar a nuestras comunidades en lugar de alimentar la avaricia de Wall Street”.
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Política de Precios Justos
La política de Precios Justos impide que los grandes minoristas de comestibles, tanto en línea como físicos, utilicen información personal sensible —incluida la situación laboral, raza, género, historial de navegación, actividad en redes sociales o conversaciones con chatbots— para manipular los precios que pagan los clientes. Los minoristas deben exhibir los precios claramente para todos los compradores. La política protege plenamente los cupones tradicionales y los descuentos transparentes para grupos como personas mayores y veteranos, y aportará beneficios importantes a los residentes de Seattle.
La medida frenará las prácticas emergentes en las que las corporaciones utilizan inteligencia artificial y datos personales para encarecer los precios a determinados clientes. Las investigaciones en todo el país, incluidos reportes recientes que involucran a compradores de Seattle, han demostrado que los precios basados en algoritmos pueden generar costos drásticamente diferentes para los mismos productos. La acción de Seattle establece límites claros para el uso de datos y garantiza que los precios de los comestibles sigan basándose en la equidad en lugar de en la segmentación impulsada por la vigilancia.
La política de Precios Justos también alinea a Seattle con los esfuerzos nacionales para proteger a los consumidores de prácticas de precios discriminatorias y engañosas. Estados como Nueva Jersey han establecido normas similares, y la medida de Seattle coloca a la ciudad a la vanguardia de la gobernanza tecnológica responsable y la protección del consumidor.