Los elevados precios de la carne de res ahora son el centro de una investigación federal contra ocho grandes cadenas minoristas.
La agencia hizo el anuncio mediante una publicación en la red social X el 1 de septiembre. El fiscal general asociado Stanley Woodward envió cartas formales del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) a ocho de los minoristas de alimentos más grandes del país: Kroger, Walmart, Publix, Albertsons, Aldi, Ahold Delhaize USA, Costco y Amazon, exigiendo explicaciones sobre el alza de los precios minoristas de la carne de res.
La medida indica que la ofensiva antimonopolio del DOJ en múltiples frentes, que comenzó con una investigación contra los procesadores de carne, ahora apunta directamente a la caja registradora.
Para los supermercados independientes y regionales, esta investigación federal contra ocho grandes cadenas minoristas tiene implicaciones competitivas y estratégicas directas.
De procesadores a minoristas: cómo escaló la investigación federal
La investigación federal contra ocho grandes cadenas minoristas no surgió de forma aislada. El 4 de mayo, el fiscal general en funciones Todd Blanche, la secretaria de Agricultura Brooke Rollins y el director de Política Comercial y de Manufactura Peter Navarro, realizaron una conferencia de prensa conjunta para anunciar investigaciones antimonopolio contra los llamados “Cuatro Grandes” procesadores de carne: JBS, Cargill, Tyson Foods y National Beef.
Esas cuatro empresas controlan aproximadamente el 85% de la capacidad de procesamiento de carne de res en Estados Unidos, frente al 25% en 1977, según la información presentada en la conferencia de prensa. Ese nivel de concentración, argumentaron los funcionarios, ha convertido a los ganaderos independientes en tomadores de precios, al tiempo que eleva los costos para los consumidores.
“Utilizaremos cada herramienta disponible para la aplicación de la ley para ayudar a reducir los precios de los alimentos y hacer cumplir vigorosamente las leyes antimonopolio, a fin de garantizar que cada sector de la industria agrícola compita en igualdad de condiciones”, dijo Blanche.
El DOJ también anunció un acuerdo próximo relacionado con el intercambio anticompetitivo de información que, supuestamente, elevó los precios del pollo, el cerdo y el pavo, lo que es una señal de que toda la cadena de suministro de proteínas está bajo escrutinio.
Qué significan las cartas federales para los minoristas
Las cartas del 1 de septiembre representan una ampliación, no una conclusión. El DOJ no ha presentado cargos contra ninguno de los ocho minoristas mencionados. Hasta la fecha, ninguna de las empresas, Kroger, Walmart, Publix, Albertsons, Aldi, Ahold Delhaize USA, Costco ni Amazon ha emitido una declaración pública en respuesta.
Lo que sí señalan las cartas es que los investigadores federales quieren determinar si los aumentos en los precios minoristas de la carne de res reflejan un traspaso genuino de costos desde los procesadores o si los minoristas ejercieron poder de fijación de precios de manera independiente en un mercado concentrado.
Esa distinción es enormemente importante. Si el DOJ encuentra conducta coordinada a nivel minorista, incluso mediante el intercambio de información a través de proveedores de datos externos, la exposición legal podría ser significativa.
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Los supermercados independientes toman posición
La National Grocers Association (NGA), que representa a operadores independientes y regionales, le indicó a Abasto Media que considera la investigación federal contra ocho grandes cadenas minoristas consistente con su propia defensa de los mercados competitivos.
“La National Grocers Association cree que una de las formas más efectivas de ofrecer precios más bajos y una mayor variedad a los consumidores es a través de mercados competitivos, respaldados por una sólida aplicación de las leyes antimonopolio”, dijo un portavoz de la NGA. “La aplicación firme de nuestras leyes antimonopolio vigentes puede ayudar a garantizar condiciones equitativas y promover un mercado justo y competitivo que beneficie a los consumidores y a las comunidades locales por igual”.
Ese posicionamiento es deliberado. Los supermercados independientes han sostenido durante mucho tiempo que la consolidación entre grandes procesadores y minoristas los perjudica directamente, ya que carecen del poder de negociación para obtener precios favorables en carne de res.
Una investigación federal que frene la conducta de los minoristas, o la de los procesadores en el tramo anterior de la cadena podría nivelar un campo de juego que durante décadas se ha inclinado en su contra.
El Meat Institute, que representa a los grandes procesadores comerciales, no respondió a la solicitud de comentarios de Abasto Media.
Una cadena de suministro ya bajo presión
La investigación federal contra ocho grandes cadenas minoristas llega en un contexto de presión genuina por parte de la oferta. La secretaria Rollins señaló en la conferencia de prensa del 4 de mayo que el hato ganadero de Estados Unidos se encontraba en aproximadamente 86.2 millones de cabezas, el nivel más bajo desde la década de 1950, con más de 100,000 ranchos perdidos en la última década.
Esas cifras, de ser precisas, reflejan una restricción estructural de la oferta que ninguna acción antimonopolio resolverá de inmediato. Por eso, el USDA anunció varias medidas paralelas: la apertura de millones de acres de pastizales en el oeste, el cumplimiento de la regla de etiquetado “Producto de EE. UU.”, la expansión de programas piloto de clasificación de carne para procesadores más pequeños y la orientación de los programas de nutrición infantil hacia la carne producida y procesada localmente.
La secretaria Rollins expresó su esperanza de que los consumidores comiencen a ver alivio en los precios de la carne de res durante el verano u otoño de este año. Ese calendario es optimista, y sus comentarios fueron aspiracionales, no vinculantes.
La dimensión de seguridad nacional que complica el panorama
Un elemento de la conferencia de prensa del 4 de mayo distingue esta investigación de un caso antimonopolio estándar. Dos de los Cuatro Grandes procesadores son de propiedad brasileña, principalmente JBS, la mayor empresa cárnica del mundo.
Rollins fue directa: “Una empresa de propiedad brasileña tiene aproximadamente una cuarta parte del mercado y un historial documentado de corrupción internacional y actividad ilícita.” Navarro fue más lejos, enmarcando la propiedad extranjera del procesamiento de carne como un problema de seguridad nacional y alegando que la carne que debería haber llegado a los supermercados estadounidenses fue desviada hacia China.
Si esas afirmaciones resisten el escrutinio legal es algo que aún está por verse. Sin embargo, introducen una dimensión política que podría acelerar la acción regulatoria, o complicarla, dependiendo de las prioridades diplomáticas de la administración.
Expectativas para la industria
Una acción antimonopolio exitosa en el segmento de los procesadores podría, con el tiempo, reducir los costos de entrada. Pero el proceso es largo, el camino legal es lento y los minoristas nombrados casi con certeza recurrirán a sus equipos legales antes de reestructurar voluntariamente sus precios.
La señal más inmediata es esta: el gobierno federal examina ahora simultáneamente ambos extremos de la cadena de suministro de carne de res. Para cualquier supermercado que navegue márgenes ajustados en una proteína que mueve volumen, esa presión federal vale la pena seguirla de cerca.