Un reciente fallo judicial sobre los beneficios SNAP obligó a la administración Trump a restablecer por completo la asistencia para 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos. La medida elevó la tensión en un conflicto legal y político que crece mientras avanza el cierre del gobierno.
La orden judicial llegó en un momento crítico para millones de familias que no pueden costear los alimentos básicos en sus hogares.
Juez ordena acción inmediata
El juez federal John J. McConnell Jr., del Distrito de Rhode Island, falló el jueves que el gobierno debe financiar por completo los beneficios de noviembre. Afirmó que la administración cuenta con fondos de emergencia previamente asignados y que debe utilizarlos de inmediato.
El magistrado señaló la existencia de 23 mil millones de dólares del programa Section 32, gestionado por el USDA, y recordó que la ley exige usar ese dinero para mantener operativo el SNAP durante un cierre gubernamental. Añadió que el gobierno no tenía justificación para retrasar los pagos programados para el 1 de noviembre.
La administración intentó cumplir únicamente con un pago parcial. Funcionarios afirmaron que necesitaban reservar recursos para programas de nutrición infantil.
El juez rechazó ese argumento y afirmó que el retraso obedeció a motivos políticos.
“La gente ya esperó demasiado”, dijo McConnell en la audiencia. “No hacerles ese pago ni un día más resulta inaceptable”. Ordenó a la administración el financiamiento completo de los beneficios correspondientes a noviembre antes del viernes.
Intercambio tenso en la audiencia
Durante la sesión, McConnell criticó al presidente Donald Trump por declarar públicamente que SNAP no recibiría fondos hasta que el gobierno reabriera. Dijo que esas declaraciones mostraban “una intención de desobedecer” la orden judicial previa.
El juez subrayó que las familias enfrentaron un retraso de seis días y recordó que 16 millones de niños dependen del programa. “Daño irreparable”, afirmó al describir el golpe que sufren los hogares que no pueden comprar alimentos.
McConnell también rechazó el argumento del Departamento de Justicia, que intentó culpar a los estados por cualquier demora. Un abogado del gobierno aseguró que el USDA había realizado un pago parcial y responsabilizó a las agencias estatales por las demoras administrativas.
El juez afirmó que los comentarios de Trump y de otros funcionarios demostraban que el gobierno federal retuvo fondos de manera intencional.
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La administración responde con fuerza
Tras el fallo judicial sobre los beneficios SNAP, el Departamento de Justicia presentó el viernes una solicitud de emergencia ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito. Los abogados del gobierno afirmaron que McConnell excedió sus facultades al ordenar al USDA localizar y gastar dinero sin autorización del Congreso.
“Esta orden sin precedentes ridiculiza la separación de poderes”, señalaron en los documentos presentados. Afirmaron que los tribunales no tienen facultades para dictar decisiones de gasto y criticaron la instrucción de “encontrar 4 mil millones de dólares en los cojines del sofá”.
El tribunal pidió a la coalición de ciudades, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas que presentó la demanda que respondieran antes del mediodía del viernes. Ese grupo afirmó que el gobierno dispone de recursos suficientes y que simplemente se niega a usarlos.
Lo que viene
El caso ahora avanza hacia el tribunal de apelaciones, que decidirá si suspende la orden o si obliga a la administración a cumplirla. La resolución impactará a millones de hogares ya presionados por la pérdida de ingresos, las alzas de precios y el cierre prolongado.
A medida que crece la disputa legal, cada demora golpea con mayor fuerza a las familias y abre preguntas serias sobre cómo las agencias federales gestionan programas de nutrición esenciales cuando la política toma el control.