La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó la Ley para Combatir el Crimen Minorista Organizado (CORCA, por sus siglas en inglés), una medida celebrada por la industria de tenderos como un paso crítico para enfrentar el aumento de los robos organizados. Los principales grupos, incluidos la National Grocers Association (NGA) y FMI – The Food Industry Association, elogiaron la legislación por su potencial para proteger a los clientes, asegurar las cadenas de suministro y frenar el aumento de precios que se traslada a los consumidores.
Fortalecimiento de la aplicación de la ley federal
La ley expande significativamente la autoridad federal para procesar a organizaciones criminales que atacan a minoristas. Las disposiciones clave incluyen:
- Procesamiento acumulado: Las autoridades ahora pueden procesar delitos basándose en el valor total de la mercancía robada acumulada durante un periodo de 12 meses, en lugar de incidentes aislados.
- Lavado de dinero y decomiso: El proyecto de ley clasifica el robo en comercios y cadenas de suministro como “delitos determinantes” para el lavado de dinero, lo que permite al gobierno confiscar bienes y activos obtenidos a través de estos delitos.
- Vigilancia de tarjetas de regalo: Los estatutos federales de lavado de dinero ahora incluirán el uso ilícito de tarjetas prepagadas y de regalo.
- Respuesta centralizada: El proyecto establece un centro de coordinación dentro del Departamento de Seguridad Nacional para sincronizar los esfuerzos de las fuerzas del orden a nivel federal, estatal y local.
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Los líderes de la industria se pronuncian
Para los tenderos independientes que operan con “márgenes de ganancia mínimos”, la aprobación de este proyecto sería un salvavidas para los negocios locales.
“El crimen minorista organizado no es un delito sin víctimas. Amenaza a los empleados, eleva los costos para los consumidores y desestabiliza a los negocios locales”, señaló Stephanie Johnson, vicepresidenta sénior de asuntos gubernamentales de la NGA. “Esta legislación brinda herramientas más sólidas para ayudar a las autoridades a desmantelar operaciones de robo sofisticadas”.
La NGA, que apoyó formalmente el proyecto mediante una carta a la Cámara, enfatizó que el margen de ganancia promedio de un supermercado (1.5%) hace casi imposible que las tiendas independientes absorban los costos derivados de la seguridad, la prevención de pérdidas y el aumento de los robos.
Jennifer Hatcher, directora de políticas públicas del FMI, destacó que la votación coincide con la conferencia anual de Asset Protection & Grocery Resilience Conference.
“FMI aplaude a la Cámara por esta acción bipartidista”, afirmó Hatcher. “Esta legislación ayudará a garantizar la seguridad de clientes y colaboradores, reduciendo al mismo tiempo el impacto del robo en los precios de los alimentos. Instamos al Senado a aprobar CORCA a la brevedad para enviarla al escritorio del presidente Trump”.
Según el informe “El impacto del robo y la violencia 2025” de la National Retail Federation, más de la mitad de los minoristas encuestados reportaron aumentos en estafas telefónicas (70%), fraudes digitales y de comercio electrónico (55%), robo de mercancía (52%), y robos de carga o cadena de suministro (50%) realizados por grupos de crimen organizado en los últimos 12 meses.
¿Qué sigue?
Tras la victoria en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley pasa al Senado. De ser aprobado, se dirigirá a la Casa Blanca para la firma del Presidente, marcando el esfuerzo federal más significativo hasta la fecha para desmantelar la infraestructura del crimen minorista organizado.